Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Ante la “pasividad” del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado para obligar a las secretarías de Gobierno, Educación, Salud y diversos ayuntamientos a pagar laudos laborales a favor de trabajadores despedidos de manera injustificada, estas dependencias y sus titulares fueron denunciadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el presunto delito de incumplimiento de un deber legal informaron los abogados Juan José Llanes Gil del Ángel; Gerardo Aguilar Cortés y la abogada Laura Monica Saénz.
Explicaron en este ejercicio presupuestal 2023 el congreso local destinó 2 mil millones de pesos para el pago de laudos, sin embargo la secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se niega a cumplir un mandato judicial.
Pese a que el congreso local destinó dicha cifra para el pago de laudos, los abogados se percataron que “el dueño” de la Sefiplan y el funcionario que decide a quién pagar y a quien no, es el subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero.
“Quienes ejercemos, como abogados, la función de representar a trabajadores que han sido lastimados, sabemos perfectamente que cada vez que se desobedece un mandato judicial se comete un delito, porque la ley castiga a quien deja de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero, configurando el incumplimiento de un deber legal” afirmaron.
Los abogados señalaron que las denuncias ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción no avanzan, porque las autoridades han decidido que desobedecer un mandato judicial, no es un delito.
Incluso, agregó Llanes “con esto no fracturo el principio de sigilo, avisa de ejemplo nada más, dice el ministerio público que no se configuran delitos porque esas entidades públicas a pesar de contar con un presupuesto el más alto, están buscando la manera de cumplir las órdenes judiciales, entonces ese estar buscando de facto de exonerar a personas”.
Refirieron que en los últimos diez años se generaron grandes pasivos laborales producto de condenas que impuso el Tribunal de Conciliación y Arbitraje a favor de trabajadores despedidos injustificadamente tanto por el gobierno del estado como por ayuntamientos.
Los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes tomaron la decisión de no cubrir tales adeudos a los empleados despedidos y esperaban que el actual gobierno adoptara otra postura, apegada a la ley, y decidiera cumplir las órdenes judiciales que disponen que debe resarcirse a trabajadores injustamente privados de su sustento.
La mayoría de las condenas se han fincado a favor de trabajadores de la secretarías de Educación y de Gobierno; sin embargo, durante los últimos cinco años los abogados defensores se enfrentan a actos de pasividad y burocracia.
“Nos enfrentamos a una burocracia -empezando por los titulares de esas dependencias-, que abiertamente, ha decidido que no va a obedecer los mandatos judiciales, y, por otra parte, con una autoridad laboral que se presenta tibia y sumisa, y que claramente no muestra una disposición enérgica para hacer cumplir sus propias decisiones” dijeron.
