Xalapa, Ver.- (AVC) Empleados municipales del Ayuntamiento de Alvarado, administrado por Lizette Álvarez Vera, quien llegó abanderada por el Verde, colocaron propaganda en el equipamiento urbano, previo al cierre de precampaña de la candidata a la gubernatura de Morena, la zacatecana Rocío Nahle.
Representantes del PRD denunciaron ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) lo que podría constituir un delito electoral, toda vez que está prohibido usar el equipamiento urbano para colocar propaganda política, previo al cierre de campaña de la morenista.
Los quejosos mostraron fotografías y videos donde exhiben a los trabajadores municipales colocando pendones en el boulevard del municipio de Alvarado, donde se promociona a la precandidata a la gubernatura de Morena, Rocío Nahle.
El PRD acusó a la alcaldesa de violación a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional. Uso de recursos públicos. Falta el deber de cuidado al ordenar a trabajadores del Ayuntamiento la colocación de propaganda política electoral, en espacios de equipamiento urbano.
Para ello presentaron documentación, fotografías y constancias donde se prueba este acto, por lo que pidieron sanciones correspondientes.
Según el artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas define el desvío de recursos públicos como la asignación o desvío de recursos públicos, ya sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
El desvío de recursos públicos para fondear campañas tiene varias formas de materializarse, una de ellas es usar equipo y personal con cargo al Ayuntamiento para actividades políticas.
Y se sanciona con la suspensión temporal de las funciones del servidor público por un período de treinta a noventa días naturales.
Es importante tener en cuenta que, en este caso, también se configura un delito electoral por lo que el funcionario podría incluso ser denunciado por la vía penal. Cabe precisar que fue MORENA quien modificó la Constitución y aquellas personas que cometan un delito electoral se les castigan con cárcel de manera preventiva oficiosa, en tanto, se resuelve su situación jurídica.
