“DEBO, NO NIEGO; PAGO, LO JUSTO”
Teresa Carbajal
Financiera Nacional de Desarrollo; extinción, sin solución
El pasado 26 de abril el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión aprobó por mayoría la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) antes financiera rural, dejando al
campo hipotecado y a los productores en una incertidumbre jurídica innecesaria
en aras de una austeridad republicana que adolece de lo mismo que acusa:
corrupción y deshonestidad.
Ha llegado el momento de tener que llamar a las cosas por su nombre, y hacerlo
con valor, sin miedo al juicio de la justicia pues segura estoy, el tiempo nos dará la
razón, la Financiera no debe desaparecer sin antes evaluarse y tomar las
previsiones necesarias sobre la cartera vencida, y más antes, sobre su adecuada
operatividad.
Acusada de ser un organismo atrofiado, e incapaz de cumplir su objeto de
impulsar el desarrollo rural para mejorar el nivel de vida de la población, con
costos de operación caros y benefactora de unos cuantos, se trata de justificar su
extinción.
Pero con la consigna de por medio de hacerse de sus recursos y de donar sus
bienes, derechos y obligaciones a favor del Instituto para Devolver al Pueblo lo
Robado (así se lee de la iniciativa del Ejecutivo Federal con proyecto de decreto
que fue enviada a la Cámara de Diputados) se advierte una intención no de
resolver sino de aprovechar la crisis de una institución que dejó de operar con
honradez y justicia.
Se le arroja a la hoguera sin atender a que los verdaderos perjudicados con la
decisión son los hombres y mujeres del campo, de quienes todos debemos cuidar
si no queremos vivir una severa crisis alimentaria en el futuro inmediato.
Por ejemplo, se anuncia que el objetivo principal de la extinción de la Financiera
será entregar los recursos directamente a los beneficiarios sin intermediarios y sin
gastos de infraestructura, ello a través de programas que al día de hoy operan en
la opacidad y que de sobra se sabe, no funcionan.
Se habla también de sumas millonarias, 8 mil millones de pesos en cartera
vencida y altos costos de recuperación; pero no se dice qué va a pasar con las
personas acreditadas con garantías hipotecarias y voluntad de pago que creyeron
en la buena fe de los arreglos que se ofrecieron a pesar de haber anunciado ya su
cierre de operaciones y accedieron a hacer pagos.
Convenios en su mayoría telefónicos o verbales, que la financiera se negó a
respaldar alegando que se trataba de documentación interna y privada del
organismo, pero de los que sí recibió “pagos de intención” que fueron depositados
a una cuenta concentradora de la Financiera y no al crédito en sí.
En donde estará ahora ese dinero, y como identificarlo, si no hubo recibo, ni
convenio, ni acuerdo de por medio. Quien va a cancelar ahora esas hipotecas,
pagadas, o serán donadas al mismo pueblo desconociendo a los verdaderos
dueños.
¿Por qué la urgencia?, porque no acceder a la convocatoria de foros y espacios
de diálogo con los que resultarían afectados, por qué no consultar al pueblo
ofendido y robado durante años.
Por qué tomar decisiones en lo oscurito y negarse a abrir a debate el tema con los
agricultores, ganaderos y demás integrantes del sector como se les vino
solicitando.
Peor aún qué pasará con aquellos productores que confiando en la banca de
desarrollo, optaron por créditos que si bien firmaron en aceptación hipotecando
sus tierras a la fecha no han recibido, ni recibirán de manera completa los fondos
prometidos.
Quienes son los beneficiarios de la corrupción que alegan en la Exposición de
Motivos de la iniciativa; y por qué no hay denuncias de por medio, o alguien en la
cárcel para prueba de lo que se dice.
Son muchos los cuestionamientos que se ciernen en torno a la desaparición
exprés de la Financiera, sobre todo porque en diversos estados de la república
siguen recibiéndose demandas de cobranza y ejecuciones de embargos de tierras.
Sin duda parece una decisión que no concuerda con el fin alegado, sino todo lo
contrario todo apunta a más corrupción, más opacidad, más incertidumbre e
inseguridad que la que había antes.
La Cámara de Senadores, debe analizar de fondo la operatividad de la financiera y
tomar las medidas adecuadas para garantizar la tutela de los derechos de
propiedad y el patrimonio de quienes hoy quedan hipotecados y a la deriva, pues
de lo contrario no se está resolviendo el problema sino haciendo más grande.
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