Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadans, afirmó que los jueces federales no permiten a los fiscales participar en las audiencias en las que se obliga a los juzgadores locales varía la medida cautelar y les impiden imponer no solo la prisión preventiva y oficiosa, sino incluso la prisión domiciliaria.
“Esas resoluciones federales ni siquiera permiten el uso de la voz a la Fiscalía, en esas audiencias que se determinan”, dijo.
Por ello, afirmó que es falso lo que se dice en el sentido de que la Fiscalía General de Veracruz no pudo argumentar las bases para mantener la prisión de los detenidos.
“Los jueces federales en sus determinaciones requieren al Juez de Control para que lleve a cabo una resolución en audiencia sin darle el uso de la voz a la Fiscalía”.
En cambio, dijo que los jueces federales obligan al local que dicte cualquier otra medida que no sea la prisión oficiosa o la justificada y a veces ni siquiera la domiciliaria.
“Es muy grave. Defiendo el trabajo de la trilogía porque es falso lo que muchos medios han querido hacer ver; no es una deficiencia al contrario, no han declarado inocente a nadie, lo único que se está debatiendo es la medida y a la Fiscalía no dan derecho de voz para defender la justificada es muy grave”.
Dijo que existe una gran preocupación por los criterios que están tomando algunos jueces, juezas y magistrados federales, que han concedido suspensiones ordenando variar la medida cautelar de prisión preventiva, dejando en libertad a imputados probables responsables de delitos considerados como graves.
“Hoy se ven claras las intenciones maliciosas y perversas con fines políticos el principal agravio es que la Fiscalía General del Estado Veracruz ha hecho valer su autonomía tanto de otros poderes públicos y fácticos como de grupos políticos delincuenciales y complicidades de otros arreglos”.
Dijo que estos amparos permiten a los presuntos delincuentes estar en la calle, a pesar de que se trata de personas señaladas como secuestradores, homicidas, pederastas y lamentó que “los tiempos en que la política se vuelve el primer obstáculo del derecho y la justicia”.
“Algunos jueces, juezas y magistrados federales han impedido que se conceda dicha medida aún cuando esa figura jurídica no fue motivo de estudio de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablamos de presuntos secuestradores, homicidas, pederastas de quienes presuntamente han cometido el delito de desaparición de personas que habían sido detenidos, vinculados a procesos y que se les habían impuesto prisión preventiva oficiosa y hoy están de nuevo en la calle”,.
Y afirmó que una interpretación extremista de toda decisión jurisdiccional “por bondadosa que esta sea, me temo puede estar llevándonos a un extremo que agrave los riesgos y el sufrimiento de quienes son víctimas directas e indirectas de los delitos”.
La fiscal hizo mención de las víctimas y llamó a magistrados, jueces, fiscales, abogados y la sociedad a entender el sufrimiento que sienten las víctimas de los delitos al ver a los presuntos responsables deambular libremente por las calles.
“La sensación de inseguridad, el miedo, la ansiedad los paralizan y frustran. Comprendo la frustración y descontento de nuestros ciudadanos, especialmente de aquellas víctimas que seguramente con estas determinaciones jurisdiccionales, hoy se sienten desprotegidas y ante la sensación de inseguridad han perdido la paz”.
