Orizaba, Ver.- (AVC) Tras darse a conocer los posibles prospectos para ocupar los cargos en las Magistradurías y Consejerías, los integrantes del Colegio de Abogados Orizaba-Altas Montañas lamentaron que no se tomen en cuenta a personas que califican con un alto perfil para el desempeño en la Judicatura en lugar de aquellos que su único mérito ha sido ser funcionarios.
El presidente de dicha agrupación, Silverio Gasca Vásquez, afirmó que el hecho les genera inquietud porque se trata de políticos que son los que buscan ocupar cargos de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia.
"Estamos conscientes de que para poder ocupar esos cargos se requiere experiencia profesional y además carrera judicial, no podemos improvisar jueces, no podemos improvisar juzgadores en nuestro más alto tribunal que no cuenten con la experiencia en la carrera profesional, la carrera judicial necesaria para poder desempeñar esos cargos".
Se conoce que aquellos que están nombrados para poder participar en esta designación que hace el Congreso están: Ángel Alarcón Palmeros, actual director de Transporte Público; Arturo Sosa Vázquez, encargado de la Dirección de Patrimonio del Estado; Saraí Peña Galaviz, titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana así como Liliana López Coronado, esposa del ex secretario de Educación, Zenyazen Escobar García. En tanto que para el cargo de Consejeros, los nombres que se manejan son: Oliverio Hernández, Claudia Galán y José Alfredo Corona Lizárraga.
Gasca Vásquez subrayó que de acuerdo a lo que establece el artículo 58 de la Ley orgánica del Poder Judicial y de la Constitución refiere que deben ser los aspirantes Licenciados en Derecho, tener una experiencia mínima de 10 años en el ejercicio profesional y en la Judicatura, eso quiere decir que deben de tener experiencia dentro del Poder Judicial.
"Entonces esas designaciones políticas pueden afectar precisamente a todo lo que es la impartición de justicia".
Por último, afirmó que al no cumplirse los lineamientos es necesario que las organizaciones de profesionistas se pongan de acuerdo para impugnar esos nombramientos ya que se pone en riesgo la impartición de justicia.
