Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Para el Instituto Federal de la Defensoría Pública “son preocupantes” las declaraciones de los titulares de los poderes ejecutivos, estatal y federal, Cuitláhuac García Jiménez y Andrés Manuel López Obrador, sumado “a las múltiples irregularidades y riesgos” en las que se desarrolla la detención de la Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) Angélica N.
La Secretaría Técnica de Combate a la Tortura de la Defensoría, Sofía de Robina y la titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Jaqueline Sainz Andujo, refirieron que desde el Instituto de Defensoría Pública en conjunto con diversas Asociaciones de juezas y magistradas presentaron las múltiples irregularidades y riesgos en que se encuentra la Jueza Angélica N ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares y de protección.
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le informaron de las declaraciones del gobernador de Veracruz y el presidente de México contra la Jueza Angélica N, y que pudiera haber “un tipo de control” con el resto de jueces y magistrados que componen el Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV).
“Es preocupante, sabemos de las declaraciones en medios y por eso tenemos tanta preocupación, que en ese entorno se esté dando este tipo de control por parte del Ejecutivo a los jueces e incluso por parte de quién preside el Tribunal Judicial en el estado que pudiera tener un impacto respecto a las decisiones que se pudieran tener en este caso pero en general a la labor jurisdiccional” informaron.
Incluso con la posibilidad de que “este control” se haga extensivo a jueces y magistrados a través de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJE) Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
“Es preocupante para el resto del Poder Judicial, y le hemos hecho saber a los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas incluyendo la relatoría sobre independencia judicial; de entrada no tendría que haber una acusación contra la jueza por su labor jurisdiccional, no tenían que haber ejecutado una orden de aprehensión por la suspensión provisional que tenía y actualmente no tendría que estar privada de su libertad porque no hay riesgo de fuga y no debería haber una vinculación a proceso” aseguraron.
