Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) Dos funcionarias de la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz fueron separadas de sus cargos tras la denuncia pública por presuntas agresiones y presiones para obligar a una trabajadora a firmar su renuncia.
La gobernadora Rocío Nahle García informó que el caso continúa bajo investigación en las áreas encargadas de ética, conducta y relaciones laborales dentro de la administración estatal.
“No se ha despedido y sí está una investigación abierta”, declaró inicialmente la mandataria al referirse al procedimiento interno relacionado con el conflicto laboral.
Nahle García señaló que ambas servidoras públicas fueron exhortadas a respetar el código de conducta, ética y las normas internas relacionadas con el trato laboral.
La controversia surgió luego de que Litzy Rubí Ronzón Montiel, jefa del Departamento de Estadística Catastral, denunciara públicamente a Rachel Guadalupe Hernández Domínguez, directora general de Catastro y Valuación, por presuntamente presionarla y agredirla para obligarla a firmar una renuncia voluntaria.
De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 4 de mayo durante una reunión en oficinas de la dependencia estatal, donde presuntamente se le presentó un documento de renuncia con efectos al 15 de mayo.
El caso tomó relevancia luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que presuntamente se observa a la directora impedir la salida de la trabajadora mientras insistía en que firmara el documento.
“No va a haber liquidación… fírmalo, por favor, esto es por las buenas”, se escucha en la grabación.
Ronzón Montiel afirmó que, tras negarse a firmar, fue sujetada del brazo y se bloqueó la salida de la sala de juntas. También señaló que no recibió una explicación formal sobre una eventual separación laboral, por lo que consideró los hechos como un intento de despido injustificado.
La trabajadora solicitó posteriormente la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García, del secretario de Gobierno Ricardo Ahued Bardahuil, de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El secretario de Gobierno informó que el caso sería atendido con respeto a los derechos humanos, laborales y a la libertad de expresión de las personas involucradas.
