Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) El procurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés aseguró que las acusaciones de empresarios en su contra, es por el hecho de que se les está obligando a “regularizarse”, algunas empresas operan sin permisos medioambientales.
Mencionó que Juan Carlos Díaz Morante, presidente de Coparmex, le pidió la intervención para evitar el pago de multas que le fueron impuestas a dos empresas que podrían estar ligadas al empresario.
“No he podido atender como él quisiera, a este representante de Coparmex Xalapa, es real que me ha visitado -yo recuerdo a principio de año- (…) el tema de fondo es que ellos tienen un procedimiento administrativo basado en la ley 62.
“Es un procedimiento legal, ellos lo toman como un procedimiento que no les gusta. Yo expedí una orden a los inspectores y ellos están obligados a pasar, de ahí el problema, porque ellos dicen por qué no me avisaste”.
El funcionario aseguró que los empresarios le han pedido a que les “avise” de las visitas con la idea de poder adecuar las instalaciones para las “inspecciones”, pero eso sería contrario a la legislación.
A diferencia de otras dependencias, la PMA tiene atribuciones para revisar de manera aleatoria a las empresas y que las supervisiones sean sorpresivas.
“Nuestras inspecciones son apegadas a derecho, lo que quiere decir, que de acuerdo a la actividad económica que realizan hay una serie de requisitos que se deben cumplir y se supervisa si contaminan agua, si contaminan suelo, si contaminan aire y qué medidas tiene que hacer y cómo manejar tus residuos”.
Explicó que todos los empresarios están obligados a tener un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), “es la madre de todos los permisos ambientales”, y hay empresas que llevan hasta dos años operando sin ese permiso.
Aclaró que después de la supervisión se les da una semana para tramitar los permisos y atender las irregularidades, pues no se clausura de manera inmediata. Y el hecho de notificarles que serán suspendidas sus labores de manera temporal, lo asumen como amenazas.
Rodríguez Cortés ofreció sentarse a dialogar para buscar una solución a sus problemas de operación, pues es posible que los empresarios soliciten certificación de empresas responsables y de esa manera se podrá evitar las sanciones punitivas que implica la operación sin tener los permisos necesarios.
Cuestionado por las constantes quejas en su contra, aseguró que todo se debe a la forma en cómo se está trabajando, pues muchas empresas han sido obligadas a operar en el marco de la ley.
Sobre los montos de las multas, que también se quejan los empresarios, planteó que eso se calcula en base al daño que se genera y la ley permite imponer sanciones por hasta dos millones de pesos.
En ese sentido, recomendó a los empresarios a reunirse con los legisladores para revisar los máximos y mínimos de las sanciones, sin embargo, recordó que en el tema medio ambiental las multas han ido al alza.
