Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Será en el mes de abril cuando se defina qué pasará con los trabajadores de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, luego de que entró en vigor el Plan B de la reforma electoral que entró en vigor este viernes tres de marzo y que busca reducir la plantilla laboral y reducir gastos, calificados como excesivos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El consejero presidente de la Junta Local del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez afirmó que los plazos están marcados en la ley, y se tendrá que revisar cómo es que esos trabajadores se pueden integrar a la nueva estructura de las juntas locales y distritales.
“Hay un plazo de implementación para ajustar lineamientos, revisar plantilla, tomar decisiones, eventuales liquidaciones -si procediera- en tanto no se da una suspensión del acto reclamado, ante la impugnación que hizo el INE”, adelantó.
Recordó que la reforma se creó con la idea de modificar la estructura del órgano electoral del INE y se respeta el trabajo del Registro Federal Electoral (RFE), que es el encargado de hacer el empadronamiento y emitir las credenciales de elector.
“Hay una variación, pero será el INE el que determine cuál es el modelo de plantilla que se va a implementar, por lo tanto no podría saber cómo queda. Por el momento puedo decir que de cinco funcionarios de nivel en los órganos de los distritos, solo queda uno; ahí se tendrá que diseñar un mecanismo para ver quién se queda”.
En el caso de los otros cuatro directivos, planteó que dejan el cargo, sin embargo, no implica su salida, pues podrían ser recontratados en nuevas áreas de operación o función, “a partir de las necesidades de operación”.
Comentó que se tendrá que revisar cual es la ruta legal y la necesidad de nómina, para el año electoral y cuando no haya elección, para saber qué pasará con la totalidad de los trabajadores.
Sin embargo, confió que en un plazo breve se logrará la suspensión de la implementación del plan b por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo que obligaría a organizar las elecciones con la ley anterior.
