Xalapa, Ver.- (AVC/Isabel Ortega) Con la inclusión de un artículo transitorio al dictamen de la Cuenta Pública 2018, que obliga a llamar a funcionarios y exfuncionarios involucrados en el mal manejo de los más de tres mil millones de pesos, prácticamente se les estaría alertando de la presentación de denuncias penales y administrativas por el desvío de fondos públicos.
Actualmente la ley contempla el derecho de audiencia a todos los involucrados en el manejo financiero de los recursos públicos, como parte de la investigación y substanciación de las denuncias penales, pero el llamado se hace en base al criterio de funcionarios del Orfis.
Sin embargo, la inclusión en el dictamen de la obligación de garantizar audiencia a funcionarios y exfuncionarios involucrados con el mal manejo de los recursos públicos les permitiría a todos gozar de ese derecho, afirmó el diputado local Bingen Rementería Molina.
Explicó que, tras la integración de los expedientes, el Orfis está en posibilidad de presentar denuncias penales o administrativas ante la Fiscalía Anticorrupción o el Tribunal de Justicia Administrativa (TEJAV), pero lo que se busca es que antes de acudir ante dichas instancias se dé el derecho de audiencia a los exfuncionarios o funcionarios.
“Lo que se logra es que todos los entes tengan el beneficio o derecho de la investigación ante el Orfis y poder presentar documentación. Se hizo porque varios municipios, en la segunda etapa, no recibieron el beneficio de presentar información de nueva cuenta, solo se les tomó se revisó lo que se entregó a Portilla en su momento”.
La preocupación de los funcionarios municipales y alcaldes es que sólo se les dé audiencia a unos cuantos y a la oposición, en especial a los panistas, se le denuncie sin permitir entregar documentación adicional que permita reducir el monto del daño patrimonial.
