Xalapa, Ver. (AVC) La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que el caso de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) ya se encuentra en el Congreso local, donde será atendido una vez que concluya el periodo de receso legislativo, con el objetivo de ordenar y regular la operación de la institución.
Durante su conferencia, la mandataria estatal señaló que el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como la administración estatal, mantienen el compromiso de garantizar el acceso a la educación para jóvenes y adultos, pero subrayó que esto debe hacerse con orden, transparencia y legalidad.
Nahle García precisó que la UPAV opera a través de una fundación privada, la cual es responsable del pago a docentes y asesores, y aclaró que el Gobierno del Estado no cubre esos salarios, aunque la universidad utiliza instalaciones públicas, lo que obliga a una supervisión más estricta.
Detalló que el sábado previo se realizó una reunión entre la Secretaría de Educación de Veracruz, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y representantes de la fundación, luego de detectarse adeudos en el pago al personal, pese a que existían recursos suficientes en las cuentas. Tras un arqueo financiero, se instruyó a la fundación a cubrir los pagos pendientes.
La gobernadora indicó que el actual rector de la UPAV inició de inmediato coordinación con Sefiplan, el Órgano Interno de Control y la unidad de inteligencia financiera estatal, al detectarse casos de docentes que no habían recibido pago desde abril, mientras la fundación continuaba cobrando mensualidades.
“Esto no puede estar en manos de privados utilizando instalaciones públicas en total opacidad. Se tiene que ordenar”, afirmó.
Asimismo, Nahle García pidió al Congreso local apoyar en la definición de un mecanismo que permita canalizar los recursos de forma transparente, y solicitó a los estudiantes no realizar pagos de colegiaturas hasta después del 8 de enero, en tanto se aclara la situación financiera y administrativa.
La gobernadora reiteró que el objetivo es proteger a los estudiantes y al personal académico, garantizar la continuidad educativa y evitar prácticas irregulares en una institución que presta un servicio público, aun cuando su esquema de operación sea a través de una fundación privada.
