Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) acudieron al Congreso de Veracruz para solicitar el respaldo de diputados locales ante las afectaciones económicas que podrían enfrentar por la aplicación retroactiva de disposiciones relacionadas con el artículo 127 constitucional.
Los jubilados y pensionados pidieron que las pensiones previamente concedidas sean reconocidas como derechos adquiridos y que los nuevos límites establecidos para las jubilaciones no se apliquen de manera retroactiva.
La propuesta presentada a legisladores contempla modificar el artículo 127 constitucional y eliminar el segundo artículo transitorio que permite aplicar los nuevos límites a pensiones previamente otorgadas.
Los integrantes de la alianza aclararon que su planteamiento no busca eliminar los topes para las pensiones futuras, sino garantizar que éstos se apliquen únicamente hacia adelante.
La propuesta establece que el límite pueda mantenerse para nuevas jubilaciones, tomando como referencia hasta 100 por ciento de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, incluidas sus prestaciones.
De acuerdo con los jubilados, más de 93 mil trabajadores jubilados y pensionados de empresas e instituciones públicas del país podrían resultar afectados por la aplicación retroactiva de estas disposiciones.
En Veracruz, señalaron, el impacto alcanzaría a alrededor de 600 jubilados y pensionados de la CFE División Oriente, a la que pertenece la entidad, además de otro número similar de jubilados de la Banca de Desarrollo.
La integrante de la Alianza Nacional de Jubilados, Esmeralda Huante Aguirre, señaló que en la CFE existen cientos de hombres y mujeres que durante 30 o 40 años desempeñaron labores especializadas y de alto riesgo.
Entre estas actividades se encuentran el mantenimiento, construcción, planeación y operación de subestaciones y líneas de transmisión eléctrica.
La organización consideró que las condiciones bajo las cuales estas personas obtuvieron su jubilación no deben ser modificadas mediante disposiciones posteriores.
Advirtió que una reducción de esos ingresos tendría repercusiones no sólo para los extrabajadores, sino también para sus familias, debido a que en algunos casos dependen parcial o totalmente de las pensiones.
Yunes Landa presenta iniciativa en el Congreso
Este miércoles 9 de septiembre de 2026, el diputado local del Partido Alianza Generacional por Veracruz, Héctor Yunes Landa, presentó ante el Pleno una iniciativa en respuesta a la solicitud de los integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados.
La propuesta busca preservar los derechos pensionarios ya consolidados, sin eliminar la facultad del Estado para establecer límites a las nuevas jubilaciones.
Yunes Landa señaló que el gobierno federal calcula obtener un ahorro anual de aproximadamente 5 mil millones de pesos con la reforma constitucional que limita las jubilaciones y pensiones altas en el sector público.
De acuerdo con el legislador, esos recursos presumiblemente serían destinados al financiamiento de programas sociales.
El diputado cuestionó que se busque obtener ese ahorro mediante las pensiones de los jubilados y comparó la cifra con las pérdidas reportadas por Pemex.
“¿Cuánto significa esta cantidad? Para ponerlo en perspectiva, en el primer semestre de 2026, Petróleos Mexicanos acumuló una pérdida neta de 27 mil 969 millones de pesos, es decir, casi seis veces lo que piensa recaudar del bolsillo de los jubilados y pensionados”, señaló.
También cuestionó el impacto del llamado huachicol fiscal y sostuvo que combatir este problema permitiría obtener mayores recursos para las finanzas públicas.
Yunes Landa afirmó que el objetivo de una reforma pensionaria debe ser construir un sistema financieramente sostenible, pero también social y constitucionalmente justo.
“Con esta iniciativa que hoy presentamos, no estamos defendiendo privilegios. Estamos defendiendo derechos. No estamos pidiendo excepciones. Estamos exigiendo seguridad jurídica”, expresó.
La iniciativa plantea reformar el artículo 127 constitucional para elevar el límite pensionario, eliminar cualquier efecto retroactivo, restituir íntegramente las pensiones que hayan sido afectadas y establecer con claridad que las nuevas disposiciones tendrán aplicación exclusivamente hacia el futuro.
El documento argumenta que la reforma constitucional afecta prestaciones reconocidas conforme a las condiciones laborales, legales y contractuales vigentes al momento en que los trabajadores se jubilaron.
Yunes Landa sostuvo que no puede utilizarse un mismo parámetro para realidades laborales distintas y consideró que un límite razonable debe evitar privilegios indebidos, pero también impedir reducciones desproporcionadas que vulneren la dignidad y seguridad económica de los jubilados.
“Quien durante décadas aportó a un sistema pensionario, cumplió con los requisitos legales y obtuvo una jubilación conforme a las reglas existentes, tiene una expectativa legítima y, en los casos en que el derecho ya se consolidó, un derecho que debe ser protegido”, afirmó.
Finalmente, el legislador señaló que las nuevas reglas deben aplicarse de manera prospectiva y no utilizarse para reducir prestaciones previamente reconocidas.
“No podemos legislar hoy para alterar derechos consolidados de ayer”, concluyó.
