CUG: el imperativo del cambio
Por: Efraín Quiñonez León
El día de ayer se llevó a cabo una sesión más del Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana y quizás no haya mucho que agregar, salvo algunos de los temas ahí tratados, el ambiente con que se toman acuerdos y más relevante, tal vez, resulte el hecho de ser el primera asamblea que, bajo los lineamientos de máxima transparencia, se transmite en directo la sesión del mayor órgano de decisión de la máxima casa de estudios de Veracruz.
Más allá de las imponderables fallas técnicas ocurridas y que serán integradas al anecdotario de la vida institucional, lo cierto es que el catálogo de temas y la masiva representación que como imperativo a su normatividad interna debe respetar la autoridad universitaria, lo cierto es que resulta muy complicado procesar acuerdos mediante el dialogo razonado entre sus integrantes, salvo como se viene haciendo por costumbre, es decir, de manera inercial a la tradicional desigualdad que entre la administración y el resto de la comunidad académica existe. Es cierto que las actuales autoridades universitarias se han mostrado receptivas y escasamente proactivos los integrantes del Consejo, pero eso no anula la sempiterna inequidad práctica y simbólica que se trasmina en dicha instancia.
El Consejo Universitario General integra representantes de todas las regiones en que tiene presencia la universidad y su número sobrepasa los 400 participantes. Con fines meramente comparativos podríamos decir que el Congreso de Veracruz lo integran 50 diputados que, en teoría, representan a una población cercana a los 8 millones de habitantes. Por supuesto, no se trata de limitar la participación de los universitarios, pero quizás sea el momento de ensayar nuevas formas organizacionales que permitan abrir espacios de dialogo y métodos menos rígidos para procesar acuerdos.
Por otra parte, aunque es visible la participación de muchas mujeres dentro del Consejo Universitario, pero de la misma forma es evidente que existe una representación mayoritaria de hombres. Si bien el rector aparece flanqueado en su totalidad por funcionarias, no es menos cierto que en el consejo predomina uno de los géneros. Esto, desde luego, obedece a considiones históricas y a la incorporación limitada de académicas. Por fortuna, esto ha venido cambiando en los últimos años. Sin embargo, sería conveniente que las actuales autoridades universitarias que defienden discursivamente la paridad de género, hicieran o propiciaran que este tipo de desigualdades se vayan diluyendo con el tiempo.
Aunque muchos de los asuntos tratados en el Consejo Universitario ya han pasado por algunos filtros previamente, resulta algo incómodo observar que sus integrantes aprueben casi de manera unánime la mayoría de las cuestiones que forman el orden del día. Y si este comportamiento llama la atención para el caso de Xalapa, más revelador resulta lo que ocurre en las regiones.
En el caso del consejo celebrado el día de ayer, destacan al menos dos temas importantes: el informe de la comisión de presupuestos y el conflicto que derivó en la extinción del Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento y Aprendizaje Humano. En el primer caso, se ofreció un informe pormenorizado de los recursos obtenidos, los subsidios recibidos y la manera en que se gasta el recurso. Si bien los datos agregados contribuyen a la transparencia en el uso de los recursos y puede analizarse con mayor detalle en qué se gasta, podría ser un buen ejercicio que los vicerrectores informaran al consejo en lo particular cómo gastan el recurso que se les asigna. Es verdad que ellos presentan informes en los consejos regionales, pero la autoridad máxima de la universidad es precisamente el Consejo Universitario General y es quien aprueba los presupuestos, tal y como se desprende de la Ley Orgánica vigente. De lo contrario, no habría materia para el CUG en ese rubro o sólo parcialmente, si únicamente tuviera la facultad de aprobarle el presupuesto a la administración central. Si el rector está expuesto al escrutinio del CUG ¿por qué los vicerrectores están exentos de rendir informes a la máxima autoridad universitaria? Esta, sin duda alguna, es una tarea de obvia y urgente necesidad de tramitarse sobre todo ahora que está en puerta una reforma a la Ley Orgánica de la propia universidad.
El lamentable caso del Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento y Aprendizaje Humano, no parece haberse arreglado del todo y existen en puerta recursos jurídicos que la universidad habrá de encarar o, en su caso, modificar las decisiones tomadas. El proceso de judicialización de los procesos académicos abre un camino complejo de resolver y un desgarramiento interno que no es deseable en ningún caso. Es verdad que se trata de un conflicto que a la presente administración universitaria le estalló, pero fue en el rectorado anterior cuando debió resolverse. En este sentido, la anterior administración carga con la responsabilidad política y moral derivada de sus incapacidades para encontrar las salidas más adecuadas a un conflicto que se dejó crecer o no se atendió a su debido tiempo.
Como se sabe, las autoridades actuales de la universidad, quizá con temeridad y sin valorar adecuadamente los impactos que esto tendría en la comunidad académica afectada, decidió extinguir el CEICAH como la única vía para la solución de un conflicto que las partes se empeñaron afanosamente en prolongar y combatir. Ante un estado de semejante animadversión y una decisión tajante de la actual administración, fueron interpuestos sendos recursos de amparo que un juez federal concedió a los quejosos, de tal forma que la decisión rectoral por lo menos se mantiene en suspenso.
El Consejo Universitario General fue testigo de los posicionamiento de las autoridades universitarias, como de la representante alumna del posgrado que se vieron afectados con la decisión. Pese a que los estudiantes resultan siempre la parte más frágil en situaciones de este tipo, las autoridades universitarias han reiterado que respaldarán sus estudios y atenderán todos los casos a fin de que puedan finalizarlos en el tiempo que sea requerido.
Es una buena noticia que al menos discursivamente y con las diferencias del caso, exista la diaposición al diálogo y que haya al menos el espacio en el que las distintas posiciones puedan expresarse. Ojalá impere la templanza suficiente para que en este y en los futuros casos brote la voluntad indispensable para encontrar las salidas más adecuadas a los conflictos. La UV lo requiere porque no ha cerrado su ciclo de ser una universidad de Estado a una institución de educación superior capaz de autogobernarse. ¿Estará preparada la actual administración para semejantes desafíos?
