Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) El ciudadano Sixto Ángel Guarneros denunció públicamente una resolución judicial que ordena entregar a su hija menor de edad a su madre, Ana Karina Guzmán Romero, cuya pareja enfrenta una denuncia por presunto abuso sexual en agravio de la niña.
Guarneros acusó a la jueza Anubis Marisol Contreras Sanmartín, titular del Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar en Veracruz, así como a la secretaria de acuerdos Estela Guadalupe Cuevas Palacios, por presuntos actos de corrupción y decisiones que —según dijo— vulneran la integridad de su hija.
El padre de familia señaló que en 2023 el juzgado le otorgó la guarda y custodia de la menor, tras interponer una denuncia por abuso sexual contra la pareja de Ana Karina Guzmán Romero, interpuesta ante el Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum).
Cita judicial y temor por seguridad de la menor
El pasado 11 de julio, fue notificado de que deberá entregar a su hija el próximo 4 de agosto a las 9:00 horas, en sede judicial, pese a que la denuncia por abuso sigue activa.
Guarneros afirmó que la menor actualmente tiene 4 años y vive con él. La convivencia materna se realiza una vez por semana en instalaciones del Poder Judicial. Sostuvo que la madre está al tanto de los hechos denunciados y aun así solicita la custodia.
Acusaciones de presión y amenazas
Sixto Ángel también denunció presuntas amenazas por parte de Ana Karina Guzmán, quien —según su testimonio— trabaja en el Palacio de Gobierno. La acusó de advertirle que cuenta con protección de funcionarios, entre ellos el exsecretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos y la fiscal general Verónica Hernández Giadáns.
En su denuncia pública, sostuvo que el señalado como agresor labora en el propio Cejum de Xalapa, lo que considera un elemento que agrava el posible conflicto de interés.
Solicita intervención de autoridades estatales
El padre solicitó la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García y de la fiscal Verónica Hernández Giadáns para que el caso sea revisado y la menor no sea entregada a un entorno que considera de riesgo, en tanto no se resuelva la denuncia penal interpuesta.
