Ciudad de México. (AVC) ARTICLE 19 México y Centroamérica llamó al Estado mexicano a mantener abierta la línea de investigación relacionada con la labor periodística en el asesinato de Luis Ángel López Valdez, reportero del portal Vanguardia de Veracruz, ocurrido el 11 de junio de 2026 en Poza Rica, Veracruz.
La organización señaló que el crimen ocurrió en un contexto de riesgo documentado para la prensa en la entidad y pese a que el periodista contaba con medidas de protección otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).
De acuerdo con ARTICLE 19, este caso representa el segundo asesinato de un periodista en Veracruz en lo que va de 2026 y evidencia fallas estructurales del Estado mexicano en la protección de quienes ejercen el periodismo en zonas de alto riesgo.
Luis Ángel López Valdez fue asesinado durante las primeras horas del 11 de junio, en la colonia Cazones, en Poza Rica. Además de colaborar como reportero de la sección policíaca en Vanguardia de Veracruz, también era ingeniero y subdelegado de Cruz Ámbar, institución dedicada a la atención de urgencias médicas prehospitalarias.
Horas antes de su asesinato, el reportero realizó una transmisión en vivo sobre la desaparición de dos personas en la colonia 27 de Septiembre, en Poza Rica, según consignó el propio medio para el que trabajaba.
La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que inició una investigación por los hechos. Sin embargo, ARTICLE 19 insistió en que las autoridades deben mantener abierta la hipótesis vinculada con su actividad periodística.
La organización recordó que López Valdez enfrentaba una situación de riesgo documentada, pues había presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada por presunto hostigamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz.
Según ARTICLE 19, el periodista denunció agresiones físicas registradas en video, luego de exhibir públicamente un presunto abuso policiaco durante una detención.
Derivado de ese proceso, la CEAPP le otorgó medidas de protección a partir del 5 de febrero de 2026. No obstante, la evaluación de riesgo estimó un nivel de amenaza bajo, por lo que únicamente se le asignaron medidas básicas, principalmente de apoyo social.
ARTICLE 19 consideró que dichas medidas fueron insuficientes desde una perspectiva preventiva, por lo que llamó a las instancias estatales y federales de protección a fortalecer sus procedimientos para prevenir la violencia contra periodistas y no actuar solo de manera reactiva.
La organización sostuvo que las evaluaciones de riesgo inadecuadas y la insuficiencia de medidas constituyen fallas graves del Estado mexicano en su deber de proteger a personas periodistas en situación de riesgo.
También recordó que, en enero de este año, fue asesinado Carlos Leonardo Ramírez Castro, periodista también de Poza Rica, con quien Luis Ángel López Valdez había tenido contacto.
Tras el crimen, la gobernadora Rocío Nahle García afirmó que la Fiscalía debe agotar todas las líneas de investigación y rechazó que en su gobierno exista limitación a la libertad de expresión.
Ante estas declaraciones, ARTICLE 19 señaló que el asesinato de un periodista representa un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho a la información.
La organización pidió que la investigación se realice conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión, lo que incluye mantener abierta la línea relacionada con la labor periodística de la víctima y realizar un análisis de contexto.
Además, solicitó al Estado implementar medidas de protección colectiva en Veracruz y mantener un discurso público que reconozca la pluralidad de opiniones y contribuya a un ambiente seguro para el ejercicio periodístico.
ARTICLE 19 advirtió que Veracruz se mantiene como una de las entidades más letales para la prensa, con 33 periodistas asesinados y siete desaparecidos desde el año 2000.
La organización también señaló que las últimas tres desapariciones de periodistas en el país y los últimos dos asesinatos ocurrieron en Veracruz, por lo que llamó al gobierno estatal a reconocer que la entidad enfrenta una crisis en materia de libertad de expresión.
