La vida está en otra parte
Arturo Márquez Murrieta
¿”Se nos pasó la mano”?: Tortura en Veracruz
Agradezco a AVC Noticias este nuevo espacio y oportunidad para poder seguir publicando mis artículos de opinión bajo el nombre de mi columna “La vida está en otra parte”, en esta tercera etapa.
En medio de eventos verdaderamente lamentables en el seno de la sociedad veracruzana ya sea como un feminicidio o como un infanticidio, o bien derivados de la violencia delincuencial, nos cae como un balde de agua helada la constatación de que sigue habiendo también una violencia enquistada desde
instituciones públicas, en particular desde las policías. Esto lo demuestran las dos recientes Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), al comprobarse la responsabilidad de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en la muerte de dos detenidos en el Cuartel “San José” de la ciudad de Xalapa. Las Recomendaciones de la CEDH son la 013/2022 y 031/2022.
Independientemente de los derechos violados o de las responsabilidades específicas por no seguir los protocolos en las instalaciones de detención o en las cadenas de custodia en el contexto de una detención, el hecho de que una persona muera a la hora de estar detenida por policías abre enteramente la puerta a la sospecha de tortura o de malos tratos e inhumanos a los que coloquialmente
se dice: “se les pasó la mano”, por parte nada menos que de servidores públicos encargados de la seguridad de los ciudadanos y del respeto de los derechos humanos de los detenidos.
He escrito ya en varias ocasiones sobre este tema y los pendientes que tenemos en Veracruz para erradicar una de las violaciones más graves a los derechos humanos de todas las personas. En particular en 2009 se publicó mi libro sobre la Prevención de la Tortura y el Mecanismo Nacional de Prevención que, dicho sea de paso, no ha tenido ningún resultado desde su implementación desde el 2007.
Una de las conclusiones a las que llegué en esa investigación y que sigo sosteniendo es que se necesitan mecanismos estatales independientes de prevención de la tortura y malos tratos, inhumanos o degradantes, en el nivel local, es decir, en nuestro caso, en el Estado de Veracruz.
El otro pendiente que tenemos es el de armonizar nuestra legislación local con la Ley General contra la Tortura, emitiendo una nueva ley en la materia, tarea pendiente desde hace ya varios años.
En “Pedro y el Capitán” de Mario Benedetti, el Capitán le dice a Pedro:
Capitán: – Luego la cosa cambia, porque los castigos van siendo progresivamente más duros. Y al final todos hablan. Para serte franco, el único silencio que yo justifico es el de la primera sesión. Después es masoquismo. La cuenta que tenés que sacar es si vas a hablar cuando te rompan los dientes o cuando te arranquen las uñas o cuando vomites sangre o cuando… ¿A qué seguir? Bien sabés el repertorio, ya que constantemente ustedes lo publican con pelos y señales. Todos hablan, muchacho. Pero unos terminan más enteros que otros. Me refiero al físico, por supuesto. Todo depende de en qué etapa decidan abrir la boca. ¿Vos ya lo decidiste?
Silencio de Pedro.
La tortura no sólo viola las garantías más básicas del proceso penal, de la investigación criminal, o del derecho, la tortura es caer en lo peor de la condición humana, es negar la dignidad y humanidad de otro ser humano igual.
La tortura que hace un servidor público, como un policía o un custodio, es todavía más indignante, más aberrante y más grave. Como violación de derechos humanos la tortura simboliza todo lo contrario de lo que el Estado debería procurar a una persona, se trata de la violación y negación más pura y clara del Estado de Derecho.
Desde 2005 México se sumó al Protocolo Facultativo para la Prevención de la tortura dentro de la Convención Internacional contra la Tortura, malos tratos, inhumanos o degradantes, y desde 2007 se creó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Este Mecanismo, que se encuentra dentro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene la facultad de inspeccionar cualquier lugar de detención en cualquier estado del país. Pero poco se sabe de su actuación y de sus resultados.
En los estados no existen mecanismos locales de prevención de la tortura. Además de que periódicamente nos enteramos de casos donde los familiares alegan que hubo tortura, sin que los ciudadanos sepamos realmente lo que sucedió.
En una sociedad democrática y respetuosa de los derechos y dignidad de todas las personas, no debe caber la menor de estas conductas o actos. Si nos enteramos de que en algún lugar alguien murió en manos de quien estaba obligado a cuidarlo o custodiarlo, automáticamente podemos preguntarnos qué
pasa con los que no mueren, “con los que sí aguantaron”.
Es necesario que contemos con protocolos, programas y mecanismos de prevención de la tortura. Desde la sociedad civil, desde las comisiones de derechos humanos, desde organismos nacionales o internacionales, o, incluso, desde el propio gobierno, es muy necesario e importante que contemos con una política pública clara, responsable y efectiva de prevención de la tortura.
El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ha instruido recientemente la elaboración de un proyecto de iniciativa de nueva ley para contar con el marco legal armonizado con las convenciones y tratados internacionales, así como con la Ley General en materia de Tortura. Su equipo de trabajo ya está trabajando en el proyecto el cual se presentaría antes de que finalice el año a consideración del Congreso del Estado.
Durante todo este año ha estado en el debate público temas muy importantes que tienen que ver con la libertad y la dignidad de las personas, pero que en el corazón de todo tienen que ver con nuestro sistema de justicia penal y las complejidades o problemáticas de acceder verdaderamente a un sistema penal acusatorio y adversarial pleno. Así por ejemplo la discusión reciente sobre la prisión preventiva oficiosa o la anterior sobre ultrajes a la autoridad.
Mi conclusión es que en México seguimos en una esquizofrenia o bipolaridad entre, por un lado, el deseo de contar con un sistema de justicia garantista que respete los derechos de todas las personas, desde los presuntos culpables hasta las víctimas, y, por el otro lado, la “urgencia”, “necesidad”, “tradición” o “voluntad” de combatir la delincuencia a pesar de todo y cueste lo que cueste.
No podemos seguir así. México debe transitar ya hacia un sistema moderno de justicia pleno, y ello quiere decir que debemos cumplir plenamente con los derechos humanos y con el debido proceso, a pesar de todos los “peros” que se puedan poner o justificar. Para ello, debemos de poner toda la energía y presupuesto en dos cosas principalmente (entre otras) y para comenzar: primero
en contar con policías municipales y estatales capacitadas, bien pagadas, y aseguradas en todos los sentidos, que puedan ejercer todas sus funciones (entre ellas la de investigar denuncias y delitos). Y, sobre todo, en segundo lugar, una Fiscalía General del Estado con mucho más presupuesto, y con muchísimos más fiscales que no sean policías, sino abogados expertos en llevar los casos ante un
juez y demostrar con investigaciones bien hechas la culpabilidad de quien acusan.
En ambos casos, tanto policías como fiscales, acompañados de peritos especializados en todas las materias.
En ese proceso, la tortura está totalmente descartada. Ni siquiera los malos tratos, inhumanos o degradantes deben ser una práctica aceptada.
